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Brutalidad
corporativa y descontrol
Crece
la violencia institucional
"La
debilidad del Estado de Derecho, la impunidad, el retroceso social y la
certeza de que estamos construyendo una democracia sobre la base de la
exclusión de gran parte de la sociedad nos enfrentan con graves
asignaturas pendientes".
Ante
estas situaciones violatorias a los DDHH se sintió la ausencia —o la
presencia esporádica— de las instituciones republicanas que deberían
canalizar estos reclamos: el Poder Legislativo para la discusión de
políticas y el Poder Judicial para la protección de los derechos
fundamentales.
Este
incumplimiento a las recomendaciones dictadas por los organos
internacionales, como el Comité de DDHH de la ONU o la Comisión
Interamericana de DD HH, en muchas ocasiones, se debe a la falta de
voluntad política y de respeto por el sistema de protección
internacional de derechos humanos.
Especialmente
se observa en el marco de la denominada violencia institucional:
han aumentado las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de
las fuerzas de seguridad y las torturas en centros de detención. Al
respecto, es preciso recordar que ya en 1995, el Ilustre Comité de DDHH
de la ONU había instado al Gobierno argentino a que se tomaran todas
las medidas necesarias para impedir casos de uso excesivo de la fuerza,
torturas, detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales por
miembros de las fuerzas armadas o la policía. Lamentablemente, ésta es
otra de las recomendaciones incumplidas por el Estado.
Ante
esta realidad, los mecanismos de control no funcionan adecuadamente, y
esta ineficacia tanto del control administrativo, como político y
judicial es una de las principales razones que coadyuvan a la brutalidad
policial. A grandes rasgos diremos que durante estos años no se ha
revertido la regla sobre el control judicial prácticamente inexistente
o inadecuado ante casos de brutalidad policial, que en algunos casos
resultan, por lo menos, condescendien
La
policía correntina
una de las más corruptas del país |
Las
violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios policiales
son, sin duda, uno de los principales problemas que debe enfrentar la
democracia argentina. Jóvenes muertos en comisarías, personas
desaparecidas después de habérselas visto por última vez al ser
detenidas por agentes policiales, terceros muertos en tiroteos
innecesarios o supuestos delincuentes que "caen abatidos" en
dudosos enfrentamientos son sólo algunos ejemplos de los casos que la
sociedad argentina está acostumbrada a leer en los periódicos todos
los días.
Las
fuerzas policiales frecuentemente utilizan con brutalidad su poder (por
ejemplo, maltratando detenidos y disparando indiscriminadamente), se
manejan con un concepto muy arraigado de complicidad corporativa, y
tienen un muy débil control externo (falta de control que a veces se
convierte en directa connivencia desde el sector político y el
judicial).
Esta
trilogía antes indicada —brutalidad, protección corporativa y
falta de control— es un lugar común en todas las fuerzas del
orden.
La
investigación sobre diversos casos de brutalidad policial ha permitido
la reconstrucción de una serie de patrones de comportamiento policial
destinados a impedir o confundir la investigación de los homicidios.
Estos patrones se estructuran como versiones oficiales destinadas a
proteger a los responsables, tornar imposible la presentación de
pruebas a la justicia y asegurar la no comparecencia de los testigos a
los tribunales. En muchos casos ha sido posible comprobar que: 1) se
construye una versión falsa de los acontecimientos —intentando
incriminar a la víctima y alegando que se trata de un hecho de
legítima defensa, o colocando un arma en manos de la víctima muerta a
posteriori del hecho—; 2) se ocultan, destruyen o fabrican pruebas
para desvincular a los policías; 3) se fabrican delitos para incriminar
a personas inocentes, y 4) se amenaza, amedrenta o se toman represalias
contra testigos, familiares o víctimas.
Son
numerosos los casos en los que los agentes policiales, después de haber
cometido algún delito, cometen serias irregularidades e ilegalidades
con el objeto de encubrir sus crímenes, que no siempre quedan al
descubierto durante el proceso penal. Se trata de supuestos en los que
surge claramente que se han producido serios vicios procesales en el
marco de la investigación preliminar —ya sea fraguando pruebas,
encubriendo a los compañeros responsables, coaccionando a testigos,
etc.— y en los que, aun en los casos en que tales actos policiales
sean invalidados, en general no hay ninguna investigación criminal
efectiva para determinar la responsabilidad penal o administrativa de
los policías involucrados en esas diligencias ilegales.
LA
TRILOGÍA ANTES MENCIONADA SE VE FAVORECIDA POR EL ROL CASI EXCLUSIVO
QUE AUN JUEGAN ALGUNAS POLICIAS PROVINCIALES, COMO LA DE CORRIENTES.
Cumple funciones de prevención del delito, de represión del mismo,
instruye en sede policial los sumarios que serán elevados a los
juzgados y aún con posterioridad, custodia en comisarías y alcaldías
a quienes detuvo y es responsable de su "resocialización"
Esta
irregular situación se produce sobre un terreno fértil de gravísima
crisis institucional, de formación profesional y humana, de oficio
policial, que viene de muy lejos en el tiempo y sin solución de
continuidad, fruto de la degradación sistemática a que fue sometida
buena parte de nuestra Policía Provincial por el poder político de
turno que la hizo su apéndice, quitándole toda posibilidad de llegar a
tener una verdadera jerarquía institucional, ni siquiera a tomar plena
conciencia de ello.
Informe de
las ONG Argentinas sobre los Derechos
Humanos
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