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A
dos años del "puentazo"
Promueven
acción criminal
contra gendarmería
Por Eugenio Montero
La querella criminal contra
Gendarmería, el Ministerio, la Secretaría de Seguridad y el Estado
Nacional por la violenta represión a civiles que, en reclamo de
sueldos, defendían la ocupación del puente Interprovincial Manuel
Belgrano(foto) al cabo de ocho meses de protestas y en el contexto de una
grave crisis institucional y una explosiva situación social en la
provincia de Corrientes ingresó a los tribunales. La causa, que refiere
a los dramáticos episodios de diciembre de 1999, con la carátula
"querella criminal y acción civil resarcitoria por la comisión
de tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad", es
promovida por los abogados de las víctimas Daro Alejandro Esquivel y
Manuel Cuevas.
Dos muertos, Mauro César
Ojeda, y Francisco Escobar, y veintiocho heridos de bala entre la
población civil fue el luctuoso saldo de la agobiante jornada del 17 de
diciembre, tras la irrupción de las fuerzas represivas con la venia del
presidente recién asumido, Fernando de la Rúa.
Corrientes fue escenario
entre los meses de junio y diciembre de 1999 de un acto histórico
conocido como Plaza de la Dignidad. Miles de estatales, particularmente
docentes, seguidos de profesionales y productores privados salieron a
las calles a reclamar sus sueldos, a rechazar la dilapidación de fondos
públicos y a protestar por el achique de las libertades ciudadanas y
por la corrupción imperante. Durante ese breve, pero intenso período,
el statu quo fue sometido a una severa crítica, que abarcó al
sistema de representación institucional, el poder, los partidos y los
sindicatos. Irrumpieron espontáneamente inéditas formas de
organización social, como los Autoconvocados que no respondían otros
mandatos que el de sus asambleas, que fueron creciendo en el ejercicio
de la democracia directa y que ejercieron, aunque sin proponérselo, un
poder paralelo.
Los Autoconvocados se hicieron dueños de las calles y
las plazas de las principales ciudades y provocaron un proceso de gran
movilidad que desembocó en el desmoronamiento de dos administraciones, el
desembarco de una intervención federal, el encarcelamiento de una
pléyade de funcionarios, violencia, muertos y heridos. Primero,
ocurrió el naufragio de la administración de Pedro Braillard Poccard y
el encarcelamiento, acusado de corrupción, del intendente y jefe del
partido oficial, Raúl Romero Feris, y de varios de sus colaboradores;
después su sustitución por un gobierno de crisis armado con casi todo
el arco opositor; y con posterioridad el desplazamiento de esa
administración, a manos de una intervención federal, comandada por el
actual jefe de Interior Ramón Mestre.
El último acto de la Plaza
de la Dignidad transcurre en siete jornadas, entre el 10 y el 17 de
diciembre, y culmina trágicamente. Los Autoconvocados vuelven a tomar
el Puente General Manuel Belgrano y son desalojados en una acción de
guerra de tropas de Gendarmería enviadas por el presidente De la Rúa y
su ministro de Interior, Federico Storani, que monitoreaban el conflicto
en medio de los festejos por su llegada al poder.
A las 4 de la
madrugada, previa voladura de un generador de energía eléctrica, los
gendarmes desalojaron violentamente a los ocupantes del paso
interprovincial. La refriega duró hasta las 15 horas, lapso durante el
cual las fuerzas represivas apelaron al uso de lanzagases, y balas de
goma y plomo contra lo que para entonces eran miles de civiles agolpados
en los accesos al Puente y sobre la Avenida 3 de Abril.
LA QUERELLA
La querella estuvo
alrededor de un año demorada por "conflictos de competencia"
entre la justicia provincial y federal, episodios que fueron
denunciados por organismos de Derechos Humanos como maniobras
dilatorias y simples chicanas.
"El accionar de
Gendarmería nacional fue decisivo en el intento de acabar con la vida
de civiles y lo revela de modo contundente los dos muertos y la cantidad
de heridos", se acusa en la querella. Testigos de los hechos
relataron haber visto disparar contra la población civil a las fuerzas
de Gendarmería y luego se especularía con la presencia de
francotiradores.
"Ese proceder
sobrepasó los límites de la prudencia y de milagro no provocó más
muertes" –sostienen los abogados al tiempo que rechazan los
calificativos de sediciosos y subversivos utilizados por
el gobierno al ordenar la represión. "Es evidente que se trató de
una acción dirigida con la con la indudable finalidad de matar".
"La toma pacífica del Puente y/o calles son manifestaciones
legítimas y genuinas de numerosos sectores sociales que han sido
empujados a la desesperación por la situación económica",
concluye la querella.
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