mortalidad prematura, desnutrición, pobreza  
Tiempos de crisis

La provincia de Corrientes fue intervenida por el gobierno central a fines de 1999, pero la aguda crisis social no se ha ni siquiera atenuado desde entonces. Índices tan relevantes como los de mortalidad infantil, desnutrición, pobreza y desocupación se han disparado o en el mejor de los casos permanecen intangibles. La transformación de la provincia parece ahora solamente un derruído solgan de candidatos en campaña electoral. Aunque tienen signos distintos, las administraciones se suceden unas a otras sin que ninguna acierte a resolver el atraso histórico. Recientes estudios revelan que más de medio millón de personas vive bajo la línea de pobreza, ciento cincuenta mil en la indigencia absoluta, once de cada cien niños nacidos con peso insuficiente, cuatro de cada diez que no reciben las vacunas obligatorias, setenta y cinco mil desocupados y subocupados sobre una población económicamente activa de trescientas mil personas.

Pero no solamente las estadísticas muestran el retroceso; el presente se ha vuelto más difícil desde que el lanzamiento al mercado de bonos de alcance local, utilizados por el Estado para cubrir una parte de los salarios de la administración, han disparado el costo de vida y generado un mercado negro que no se veía desde tres décadas atrás. De todos modos, el gobierno federal, a punto de concluir su gestión, podrá hacer jactancia de haber conseguido una provincia financieramente "en orden".

Acaso como una paradoja burlona, Corrientes, enclave de una de las represas hidroeléctricas más potentes del mundo, Yacyretá – Tierra de la Luna, en lengua guaraní-, paga el precio más alto de energía, en todo el país. Mientras, los políticos de la provincia se sacarán los ojos cada dos años por una banca en el Congreso nacional, y cada cuatro por una silla en el Ente que regula el funcionamiento de la presa. Recientemente la Dirección Provincia de Energía, codiciada presa de los inversionistas privados, se vio en problemas para justificar aumentos en las tarifas domiciliarias y comerciales considerados "groseros e inaceptables" por la población. En realidad la decisión respondía a una estrategia de la Intervención que se basa en recaudar a cualquier precio, lo que también indujo a un alza en los impuestos de los pequeños contribuyentes y en las cuotas de las viviendas reguladas por planes provinciales.

Del 30 por mil son los índices de desnutrición y mortalidad infantil, cifras que se ubican entre las más altas del país. En la propia Capital el índice es del 29 por mil, mientras que en departamentos como el de San Martín es el del 54 y en Santo Tomé del 40. Además, la desatención en salud pública hizo recrudecer los casos de Klebsiella y otras enfermedades como la tuberculosis.

En 1991, los desocupados de la provincia representaban el 5,6% mientras que en mayo del año pasado esa cifra se había convertido en un 13,4 por ciento. En el último período se constataron alrededor de nueve mil despidos en la administración pública y la quiebra de un tendal de comercios y empresas. No deja de ser irónico que figuren como "ocupados" miles de correntinos que sobreviven con menos de dos pesos diarios.

No es una casualidad, aunque nadie políticamente se hará cargo, que el paisaje de las principales ciudades se haya poblado de niños y desvalidos intentando vivir de la caridad y de vendedores ambulantes que ofrecen mercaderías ingresadas, en muchos casos, desde los países fronterizos, ya sea el Paraguay o el Brasil.

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