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Archivos
de Caos
1983 - 2000
Recopilación
de casos de muertes de personas a manos de
las fuerzas de seguridad en Argentina
En
1996 la CORREPI y los familiares de víctimas de la represión policial
sistematizamos la información disponible respecto de personas muertas
por las fuerzas de seguridad del Estado desde 1983. El 28 de noviembre
de 1996 presentamos a la opinión pública un primer Archivo,
confeccionado de acuerdo a las siguientes pautas:
Sólo
incluimos los casos que culminaron con la muerte de la víctima.
Sólo
incluimos aquellos casos en los que el o los homicidas eran miembros
de las fuerzas de seguridad del Estado: policía federal, policías
provinciales, gendarmería, servicio penitenciario, etc. o fuerzas
armadas.
Sólo
incluimos aquellos casos en los que, sin duda alguna, la muerte se
produjo en circunstancias en que la víctima no revestía peligrosidad
alguna respecto de terceros o del homicida. Es decir que no
contemplamos enfrentamientos reales.
Respecto
de las modalidades, incluimos casos de gatillo fácil propiamente
dicho (fusilamientos enmascarados, las más de las veces, como
pseudoenfrentamientos), gatillo fácil "culposo" (muertes de
terceros causadas por la policía en enfrentamientos reales) tortura
seguida de muerte y desapariciones.
Todos
los informes fueron entregados al ministerio del interior, sin que hasta
el presente recibiéramos respuesta alguna, salvo la expresa negativa de
Carlos Corach de conocerlo cuando los Familiares de Víctimas fueron a
su casa en 1999 a repudiarlo durante su ronda mediática matinal.
El
primer archivo tenía 262 casos registrados en todo el país desde 1983
hasta 1996, con un promedio de muertes en ese último año de 2.66 por
mes.
Continuamos
actualizando el Archivo, y el 28 de noviembre de 1997 presentamos al
ministerio del interior y a la opinión pública un nuevo informe con
382 casos.
En
1998 presentamos el tercer archivo. La cantidad total de muertes había
trepado a 471 hasta el 28 de noviembre, con un promedio para ese año de
4 muertos por mes. En 1999 el Archivo contuvo 625 casos, y el promedio
mensual de muertes fue de 7.
Este
año 2000 suman 833 las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad
en la Argentina desde 1983, de las cuales 121 murieron entre el 1° de
diciembre de 1999 y el 1° de diciembre de 2000, y 111 en el curso del
2000, a un promedio de 10 por mes.
La
policía de todo el país está efectivamente "metiendo bala"
como ordenó el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, sin que las
expectativas democráticas que algunos cifraban en el Gobierno Nacional
de la Alianza hayan significado cambio alguno en las políticas
represivas del Estado. Por el contrario, la policía federal y la
gendarmería –ambas de directa dependencia con el gobierno central-
son las fuerzas que más hechos represivos han protagonizado en estos 11
meses.
El
índice de gatillo fácil ha sido siempre creciente desde 1983, con
años de particular intensidad como 1997. El año 2000 marca un nuevo
record.
Continúan
aumentando en especial tres modalidades:
1-
La muerte de transeúntes provocada por el desprecio por la vida humana
por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier
precio la captura de un delincuente presunto aunque ello implique poner
en peligro al tercero totalmente ajeno al hecho;
2-
El fusilamiento de quienes son sospechados de haber cometido delitos,
aun hechos menores como arrebatos, en una flagrante evidencia de que las
pregonadas políticas de mano dura y tolerancia cero consisten,
sencillamente, en la ejecución extrajudicial sumarísima, aprovechando
el mayor consenso social obtenido para legitimar estos homicidios;
3-
La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades
carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como
inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios.
También
se ha confirmado la constante participación policial en delitos
comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas,
proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de
robos tipo comando, incluso a veces como parte de "operaciones de
prensa" para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos
mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.
DATOS
POR DISTRITO:
Provincia
de Buenos Aires: 366 casos
Provincia
de Santa Fe: 105 casos
Provincia
de Córdoba: 100 casos
Ciudad
de Buenos Aires: 65 casos
Provincia
de Mendoza: 34 casos
Provincia
de Corrientes: 24 casos
Neuquén,
Río Negro, La Pampa, siguen en ese orden, aunque hay muchos lugares del
interior del país de los que carecemos de datos propios. Los hechos
allí ocurridos no suelen ser cubiertos por los medios nacionales salvo
grandes conmociones. No puede ser casual que los distritos que mayor
cantidad de casos registran sean precisamente aquellos en los que el
movimiento antirrepresivo está más organizado, lo que facilita la
recopilación de información, pues los familiares de las víctimas
recurren a las organizaciones que proporcionan esos datos no publicados
a CORREPI.
Si
comparamos la cantidad de casos totales por distrito obtenemos los
siguientes porcentajes
Provincia
de Buenos Aires: 43 %
Provincia
de Santa Fe: 13 %
Provincia
de Córdoba: 12 %
Ciudad
de Buenos Aires: 8 %
Provincia
de Mendoza: 4 %
Provincia
de Corrientes: 3 %
Resto
del país: 17 %
Pero
si comparamos el número de casos por provincia por millón de
habitantes, los porcentajes en relación a la población dan una imagen
bien distinta
Provincia
de Santa Fe: 19 %
Provincia
de Córdoba: 18 %
Provincia
de Buenos Aires: 16 %
Provincia
de Corrientes: 15 %
Ciudad
de Buenos Aires: 12 %
Provincia
de Mendoza: 12 %
Resto
del país: 8 %
Se
revela así la envergadura real de la represión policial en la
Argentina: dejando de lado el sesgo diferencial que da a la Pcia. de
Buenos Aires su colosal supremacía poblacional, ocupa el tercer lugar,
después de Santa Fe y Córdoba, y seguida muy de cerca por Corrientes,
la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Las políticas de mano dura no son
patrimonio exclusivo bonaerense, ni de ningún color político en
particular: son una necesidad operativa del sistema político-económico
imperante.
El
promedio de edad de las víctimas es de 17 años y en su enorme mayoría
pertenecían a los sectores más desprotegidos en lo social y
económico. Sólo un 13 % de los casos registra condenas.
A
pesar de que buena parte de los casos registrados corresponden a la
muerte ocurrida en ocasión de la aplicación de tormentos, sólo 7
causas han tenido condena por el delito de tortura seguida de muerte en
la Argentina desde 1983 (casos Bouchón de San Nicolás, Sargiotti de
Córdoba, Figueredo de Sta. Fe, Pazos de Río Negro, Durán, Campos y
Bru de la Pcia. De Buenos Aires).
Seguramente
el lector encontrará errores o ausencias y deberá ser comprensivo: no
está frente a un trabajo terminado, sino en permanente actualización.
Ojalá alguna vez podamos plantearnos como objetivo tener un archivo de
esta naturaleza que no se desactualice ni que haya que corregir o
completar. Para eso peleamos, para que la represión y la impunidad
existan sólo como recuerdos del pasado y no como parte permanente de
nuestras vidas.
Nota:
Agradecemos a los compañeros y organizaciones antirrepresivas de todo
el país que sistemáticamente ponen sus archivos y datos a nuestra
disposición para poder realizar este trabajo.
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