Corrientes, bajo la dictadura 
Reportaje a la represión

                                                   Por Carlos Rodríguez (*)

"Fui detenida en mi domicilio de la ciudad de Corrientes y llevada a dependencias de la Policía Federal de esa localidad. Allí fui tabicada y torturada, para luego ser trasladada al Casino de Oficiales del Regimiento de Infantería 9, donde se realizaban simulacros de fusilamientos y también se torturaba. Uno de los visitantes a quien vi personalmente, e inclusive fui interrogada por él, fue el entonces comandante de la VII Brigada general Cristino Nicolaides. Otro de los visitantes fue el entonces comandante del Segundo Cuerpo de Ejército general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien estuvo a mediados de noviembre de 1976". El testimonio de Martha Alvarez de Repetto, legajo 7055 de la ex Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas, es uno de los tantos referidos a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la provincia de Corrientes durante la dictadura militar. En esos años, como titular de la Brigada de Infantería VII, con asiento en la ciudad de Corrientes, el general Nicolaides estuvo al frente del Comando de la Subzona 23, dependiente del Comando de Zona II (Segundo Cuerpo de Ejército con sede en Rosario), cuyos jefes en los primeros años del régimen militar fueron el general Ramón Díaz Bessone y Galtieri. Los segundos jefes fueron, en forma sucesiva, los generales Otto Carlos Paladino (fue también titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado, SIDE, y secuaz del mítico paramilitar Aníbal Gordon), Andrés Aníbal Ferrero y Luciano Adolfo Jáuregui, quien pasó a ser jefe en reemplazo del general Galtieri. La figura más notoria de la represión en Corrientes -y en otras provincias del Litoral- fue sin duda alguna el general Nicolaides, quien estuvo al mando de la Brigada VII desde febrero de 1976 hasta diciembre de 1977, cuando lo reemplazó el general Eugenio Guañabens Perelló. La estructura de la represión planificada por los jefes de la dictadura se ejecutó a partir de una cadena de mandos que comenzaba en la Junta Militar, se prolongaba en los cinco comandos de zona en los que se dividía el país, los 18 comandos de subzona y por lo menos 54 áreas de seguridad. En Corrientes, la responsabilidad máxima recaía sobre la jefatura de la Subzona 23, ejercida siempre por los sucesivos titulares de la Brigada de Infantería VII. Los que ocuparon ese cargo fueron, como se dijo, Nicolaides y Guañabens Perelló. El segundo escalón en importancia fue ocupado por los jefes del Regimiento 9 de Infantería, función que cumplieron en distintas épocas los tenientes coroneles José Félix Aguiar, Adolfo Pietraneve y Francisco Gassino. Con el grado de general, Gassino llegó a ser comandante del Ejército durante la gestión presidencial de Raúl Alfonsín, lo que demuestra la continuidad que siempre ha tenido el aparato represivo en la Argentina. Los centros clandestinos de detención confirmados por la ex Conadep fueron el Regimiento de Infantería 9, con sede en la avenida 3 de Abril y Costanera, en Corrientes capital; la Delegación de la Policía Federal en la ciudad de Corrientes; el Matadero Municipal de la ciudad de Corrientes, y "El Hípico" o "Campo hípico de Goya", instalado en la Compañía de Telecomunicaciones 121, en avenida Sarmiento y Caaguazú de la ciudad de Goya. A fines de los noventa, a partir de investigaciones realizadas por periodistas correntinos, se supo de la existencia de otros centros clandestinos en la zona de Loma Pelada, en Corrientes, y en la estancia La Polaca, de Paso de los Libres, caso que ha tenido un reciente e inesperado empuje a partir de una investigación que viene realizando en Buenos Aires el juez federal Claudio Bonadio y que ha provocado la intervención del juez español Baltasar Garzón.

--Custodiados por expertos

La estructura ideológica del general Nicolaides puede resumirse en una frase suya que cuesta creer que haya sido tan torpe como para decirla: "Debemos pensar que hay una acción comunista-marxista internacional que desde 500 años antes de Cristo tiene vigencia en el mundo y que gravita en el mundo" (sí alguien duda, y con razón, de lo que aquí se transcribe puede ver la edición del diario Clarín de Buenos Aires del 26 de abril de 1981). De tan insigne pensador surgieron tragedias como la llamada Masacre de Margarita Belén, en el Chaco, cuyo territorio estaba también dentro de la jurisdicción de la Brigada VII. Bajo control directo de Nicolaides estuvieron las áreas 231 (departamentos Capital, San Cosme, San Luis del Palmar y Empedrado) y 235 (Goya), además de las áreas 232 (en Misiones), 233 (en el Chaco) y 234 (en Formosa). Los órganos de inteligencia dependientes de la Subzona 23 fueron el Destacamento 124, con sede en Resistencia y la Sección de ese mismo destacamento que fue instalada en la ciudad de Formosa. 

Los jefes del Destacamento 124, en Resistencia, fueron Armando M. Hornos, Herminio L. R. Quiroz, Roberto L. Martínez, Italo César Pasquini y Dardo W. Herrera. En la sección del Destacamento 124, en Formosa, los jefes fueron Francisco J. Molina, Eduardo Gustavo Gomar, Jorge Alberto Fariña, Julio César Domínguez y Jorge A. Corsiglia. Las jurisdicciones eran elásticas, al punto que algunos recuerdan que Corsiglia fue visto en La Polaca, en Paso de los Libres. También funcionó en Corrientes el Comando de Subzona 24, que dependía de los comandantes de la Brigada de Infantería III con asiento en Curuzú Cuatiá. Sus jefes fueron, en los años de la dictadura, los coroneles Rafael Leonidas Zavalla Corbo, Llamil Reston (que después fue ministro del Interior), Mario Alfredo Piotti y Omar Edgardo Parada. De esa subzona dependían las áreas 241 (Curuzú Cuatiá, Sauce, Esquina y Lavalle), 242 (Monte Caseros), 243 (Paso de los Libres, San Martín y General Alvear), 244 (Mercedes, Lavalle, San Roque, Bella Vista, Saladas, Mburucuyá y Concepción) y 245 (Santo Tomé, Ituzaingó, San Miguel, General Paz, Berón de Astrada e Itatí). El órgano de inteligencia, en éstos casos, era el Destacamento 123 de Paso de los Libres. Sus jefes fueron Raúl Angel Portillo, Jorge Oscar Félix Riu, Francisco J. Molina y Antonio Herminio Simón. El entonces mayor del Ejército Antonio Herminio Simón tuvo una ajetreada carrera profesional. En diciembre de 1975 fue destinado al Batallón de Inteligencia 601, organismo que tuvo a su cargo la planificación de los grandes operativos "antisubversivos" realizados dentro y fuera del país. En octubre de 1979, antes de ser trasladado a Corrientes, pasó a dictar clases en la Escuela de Inteligencia, en la ciudad de Buenos Aires. Sus materias eran "Exterior" y "Marco Regional". Además de su tarea oficial, que era la de perseguir "subversivos", el polifacético Simón estuvo sospechado de haber participado en los dos secuestros sufridos por el empresario Osvaldo Sivak, el primero en 1979, el segundo en 1985. Sivak fue asesinado por la segunda banda que lo secuestró durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Simón nunca estuvo preso, aunque su nombre apareció mencionado en reiteradas oportunidades.

--Las víctimas

En Corrientes, al igual que en Chaco, Formosa, Misiones, Tucumán y Jujuy, muchas de las víctimas de la represión fueron trabajadores y pequeños productores agrarios. La mayoría pertenecía a las Ligas Agrarias, cuyos asociados fueron objeto de persecución ideológica con una larga lista de asesinados, detenidos y desaparecidos. La agricultora Norma Blanca Tomasella, integrante de las Ligas Agrarias correntinas, está desaparecida desde febrero de 1978. Fue secuestrada en la ciudad de Buenos Aires, hacia donde había viajado desde su ciudad natal, Goya, para tratar de escapar a la persecución de la que era víctima desde mayo de 1977. Cuando Tomasella decidió salir de Goya ya había sido detenido un hermano suyo que fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo. Quince días después de su partida, su domicilio en Goya fue allanado por personal de las policías provincial y Federal. La secuestraron finalmente en Buenos Aires, donde trabajaba en una casa de familia (ver legajo número 832 de la ex Conadep). Lo mismo le ocurrió al agricultor Pantaleón Romero, padre de ocho hijos y delegado de las Ligas Agrarias de Corrientes en su carácter de presidente de la Cooperativa de Consumo de Perugorría (legajo 827 de la ex Conadep). El 16 de marzo de 1977 lo secuestraron en su domicilio cuatro hombres armados vestidos de civil. Los secuestradores estaban buscando al hijo mayor de Romero, Jorge Raúl, pero finalmente se llevaron al padre, que nunca más apareció. 

El agricultor Juan Antonio Olivos (Legajo 826 de la ex Conadep), también delegado de las Ligas Agrarias, fue secuestrado en el paraje Las Palmitas el 16 de marzo de 1977. Otro caso fue el de Eduardo Fernández (legajo 823), un mecánico que desapareció el 5 de agosto de 1976 en Bella Vista. Varios detenidos aseguraron haberlo visto con vida en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, Chaco. Abel Arce, agricultor de Goya, fue secuestrado mientras cumplía el servicio militar en la Compañía de Telecomunicaciones 121 de esa ciudad. La desaparición se produjo el 19 de mayo de 1977. Numerosos testigos lo vieron en el "Campo Hípico" de Goya, instalado dentro del mismo predio. El padre de Arce había quedado ciego y su madre se movilizaba en una silla de ruedas. Hubo otro conscripto desaparecido en la provincia. Argentino Vicente González fue secuestrado el 1° de enero de 1980 cuando cumplía el servicio militar en el Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres. El jefe de la unidad era el teniente coronel Raúl A. Danniaux, el comandante de la Subzona 24 era el general Mario Alfredo Piotti y el titular de la Zona II era en ese momento el general Luciano Jáuregui. Para esa fecha, el responsable del Destacamento de Inteligencia 123 de Libres era el teniente coronel Francisco J. Molina. La represión en Paso de los Libres tuvo un caso colateral, derivado del secuestro en Mendoza de los empresarios Victorio Cerrutti, Omar Massera Pincolini y Horacio Mario Palma y el abogado Conrado Gómez, asesor del grupo empresario. Los secuestrados mendocinos, que fueron llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, sufrieron el despojo de la mayoría de sus bienes, a partir del accionar de un grupo que respondía al almirante Emilio Eduardo Massera. En febrero de 1977, un comando armado realizó un procedimiento en un stud de Paso de los Libres que pertenecía a Conrado Gómez. En los meses de abril y mayo de ese mismo año, todos los caballos que había en el stud fueron sacados por una orden firmada por el coronel Juan Carlos Medrano Caro, por entonces jefe del Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres, otro de los destacamentos que saturó de uniformados todo el territorio de Corrientes. Los bienes fueron transferidos a una persona llamada Juan Héctor Ríos, según informó a la ex Conadep el Jockey Club de Buenos Aires. Lo mismo se había hecho con otros bienes del grupo empresario en Mendoza. La causa por los secuestros en la provincia cuyana tuvo una sorpresiva novedad, en agosto pasado, cuando el juez federal Claudio Bonadio ordenó la detención de los ex represores de la Esma Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Francis William Wahmond, Jorge "Tigre" Acosta y Jorge Perrén, acusados por la sustracción de los bienes a las personas que estuvieron secuestradas en aquella unidad de la Armada.

--Paso de los Libres

En Libres, hay registro -en la memoria de sus habitantes- de un solo desaparecido: Eduardo Héctor Acosta, de 17 años. Se lo llevaron el 22 de marzo de 1976. En horas de la noche, varios individuos golpearon la puerta de su casa. El joven se asomó por la ventana y por allí lo sacaron. Las chancletas que llevaba puestas quedaron abandonadas junto a la ventana, como último testimonio. Nunca más apareció. Además de Acosta, se recuerdan otros detenidos y torturados, de Libres, que después fueron dejados en libertad. Sin embargo, en los listados de la ex Conadep, también figuran como secuestrados y desaparecidos en Paso de los Libres Arnoldo Harold Buffa, Hilda Zulma Vergara Buffa y posiblemente Lorenzo Ismael Viñas, hijo del escritor David Viñas. En la ciudad de Corrientes también fueron secuestrados Vicente Víctor Ayala, Miguel Angel Calderón, Eduardo Francisco Ferreira, Víctor Hugo Gauna, Raúl Antonio Méndez, Roque Juan Monzón, Justo José Pelozo, Dolores Yolanda Reguera, Orlando Diego Romero y Miguel Angel Schlater; en Alvear desapareció Raúl Antonio Figueredo; en Goya Elida Olga Goyeneche y en Monte Caseros Justo César Ibarguren. La causa de los empresarios mendocinos no es la única en manos del juez Bonadio que ha tenido inesperados avances en los últimos tiempos. El 28 de agosto pasado se produjo la detención, en Barcelona, de Claudio Scagliuzzi, quien podría ser extraditado a la Argentina. La causa tiene relación con la desaparición de 18 miembros de la organización Montoneros que fueron secuestrados entre los años 1979 y 1980, durante la llamada "contraofensiva" para intentar derrocar a la dictadura militar. Scagliuzzi, por ser civil, no puede ampararse en la ley de Obediencia Debida. En la misma causa están imputados los generales Nicolaides y Santiago Omar Riveros, hoy detenidos por su responsabilidad en el plan sistemático de robos de bebés. Scagliuzzi es hijo de un militar ya fallecido. El detenido vivía actualmente en España con Claudia Tolchinsky, una ex militante montonera a la que conoció cuando ella estaba secuestrada en Campo de Mayo. En el expediente que lleva Bonadio se investigan, entre otros, los asesinatos de Ricardo Zucker, hijo del actor Marcos Zucker y de Lorenzo Viñas, hijo de David Viñas. El secuestro de Viñas hijo se produjo el 26 de julio de 1980 posiblemente en Paso de los Libres o en la vecina ciudad brasileña de Uruguayana. Lo detuvieron junto con el sacerdote Jorge Adur. Según declaró Tolchinsky ante el juez Bonadio, tanto Viñas como Adur estuvieron con ella en Campo de Mayo, que mantenía una fluida comunicación con Paso de los Libres, con el centro clandestino de detención y exterminio que funcionó en la estancia La Polaca, cuya existencia fue confirmada en abril de 1998 por el matutino "El Diario", de Corrientes. Tolchinsky dijo que Viñas y Adur habrían sido víctimas de los llamados "vuelos de la muerte", versión que coincide con las sospechas que indican que los cuerpos de las víctimas que pasaron por La Polaca eran arrojados al río Uruguay o bien sepultados en fosas comunes en la isla El Pacú. La estancia, que debe su nombre a sus primeros propietarios, originarios de Polonia, fue cedida en 1976 al Destacamento de Inteligencia 123 del Ejército. En 1979, cuando el coronel Francisco J. Molina estaba al mando del destacamento, recibió la orden de organizar un sistema de "marcadores" para detectar el ingreso de montoneros provenientes de Brasil. La orden fue emitida por la jefatura del Batallón 601 de Inteligencia, con sede en Buenos Aires, del que dependían todos los organismos del área que funcionaban a lo largo y ancho del país. 

De acuerdo con informaciones coincidentes provenientes de ex miembros de los servicios de inteligencia, el plan para el secuestro y desaparición de los montoneros se denominó "Operativo Murciélago" y su organizador fue el coronel Carlos Alberto Roque Tepedino. Este militar estuvo al frente del Batallón 601, ubicado en la esquina de Callao y Viamonte, en Buenos Aires, desde el 27 de octubre de 1976 hasta fines de septiembre de 1979. A partir de esa fecha, Tepedino pasó a desempeñarse como titular de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior, función en la que permaneció hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando los militares dejaron la Casa de Gobierno para que asumiera el presidente electo Raúl Alfonsín. Lejos de desaparecer de la escena, Tepedino siguió trabajando en el área de su especialidad, esta vez como "adscripto" al Departamento de Informática de la Jefatura II Inteligencia del Comando en Jefe del Ejército, durante la larga gestión de ocho años del general Martín Balza. Es extraordinaria la conexión que siempre hubo entre Campo de Mayo, el Batallón 601 de Inteligencia y Paso de los Libres. Algunos "enroques" resultan "sugestivos". Balza, por ejemplo, estuvo en los primeros años en Campo de Mayo y luego, a partir del 1° de noviembre de 1979, con el grado de teniente coronel, fue jefe del Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres, en coincidencia con el comienzo de la "Operación Murciélago" contra Montoneros. En cambio, Nicolaides primero estuvo en Corrientes y después pasó a Campo de Mayo. Tepedino, cuya extradición fue solicitada por el juez español Garzón porque se supone que podría tener en su poder los archivos que revelarían el destino final de miles de desaparecidos, estuvo procesado por encubrimiento en la causa en la que se investigó el asesinato de la diplomática Elena Holmberg, atribuido a un grupo de tareas de la ESMA. En esa misma causa aparece involucrado el coronel Omar Edgardo Parada, ex jefe de la Brigada III de Infantería con asiento en Curuzú Cuatiá. El general Tepedino fue beneficiado con el indulto por el presidente Carlos Menem. Después Tepedino estuvo cumpliendo funciones en el Comando en Jefe del Ejército, durante los ocho años durante los cuales el general Balza se ganó el mote de militar "progresista" por un público mea culpa por el genocidio. En 1994, Tepedino habría sido el responsable de la maniobra de encubrimiento que dejó en un cono de sombra buena parte de la investigación por el asesinato del soldado Omar Carrasco, ocurrido ese año en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén (ver nota publicada por el autor de este trabajo en el diario Página/12 del 14 de junio de 1997). Por el caso Carrasco sólo fueron condenados dos soldados conscriptos y un subteniente, supuestos autores del crimen. En cambio, todavía está demorado -y tal vez no se haga nunca- el juicio por el encubrimiento. En él están procesados más de diez oficiales, entre ellos el jefe de auditores del Ejército durante la gestión Balza, general Carlos Alberto Ferrario. Ese juicio, si se llegara al fondo, podría hasta demostrar la inocencia de las tres personas que fueron condenadas y que, en dos de los casos, ya cumplieron las dos terceras partes de la sentencia y recuperaron su libertad. Todo eso, antes de que se conozca la verdad.

--El caso Guadix

En abril de 1998, por primera vez, un medio de Corrientes reveló la existencia del campo de detención y exterminio que funcionó en la estancia La Polaca de Paso de los Libres. Las víctimas llegaban por avión, desde Campo de Mayo y otros lugares del país, o bien eran secuestradas en la frontera con Brasil, por el sistema de "marcadores" que había instrumentado el coronel Molina por orden del general Tepedino. Un ex paramilitar "arrepentido", que trabajó en La Polaca, hizo declaraciones que nunca fueron investigadas, pero que en buena medida concuerdan con datos conocidos en varias causas judiciales, incluida la ya citada del juez Bonadio. Según el "arrepentido", el jefe de los "marcadores" fue el sargento primero de la Policía Federal Héctor Julio Simón, alias el "Turco Julián", quien efectivamente fue trasladado a Paso de los Libres, como "adscripto" al Batallón 601 de Inteligencia para trabajar en conjunto con el Destacamento de Inteligencia 123. "Julián", que durante años ha vigilado a ex detenidos a los que había torturado personalmente, vivió en una casa de Alisio 868, en Paso de los Libres, y también cumplió funciones en la ciudad de Goya. En Uruguayana hizo tareas de inteligencia y fue custodio del "mano santa" Carlos Eustaquio Barbosa, más conocido como "Garrincha". En los primeros tiempos se hacía pasar por vendedor ambulante. Uno de los casos que investiga Bonadio es el de Gervasio Martín Guadix, cuya desaparición había sido denunciada en Buenos Aires, por sus familiares, el 26 de agosto de 1980. Había salido de su casa, en el barrio porteño de Boedo, para dirigirse a la esquina de Nazca y Gaona, en Flores, para encontrarse con un amigo. En la mañana del 27 de agosto también fue secuestrada Edith Aixa María Bona, la esposa de Guadix. La mujer fue llevada a Campo de Mayo y en varias ocasiones sus custodios le aseguraron que su esposo estaba en esa guarnición y que lo tenían "colgado", supuestamente sometido a sesiones de tortura. Ella nunca lo pudo ver personalmente y luego de pasar varios años detenida a disposición del Poder Ejecutivo pudo recuperar su libertad. El caso de Guadix llegó a ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), meses después de la visita que realizó a la Argentina y que le permitió comprobar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. El 26 de diciembre de 1980, los diarios nacionales y provinciales publicaron la noticia del presunto suicidio de Gervasio Martín Guadix, en el puente internacional que une Paso de los Libres con Uruguayana. En el comunicado oficial del Comando en Jefe del Ejército se aseguraba que el episodio ocurrió a las 0,45 del 2 de diciembre de 1980, pero en el expediente judicial se consignó como fecha de los sucesos el 5 de diciembre, a las 5,40 de la mañana. El dato, aunque pueda parecer irrelevante, es sintomático en todas las causas truchadas por el Ejército. En la causa por la muerte del soldado Omar Carrasco también aparecen distintos horarios o escenarios en aspectos en apariencia pueriles, pero que certifican la existencia de sumarios falsificados. Otro dato llamativo, insólito, es la forma en que los testigos narran las circunstancias en las que Guadix presuntamente se llevó a la boca un frasco con cianuro. Ninguno de los que dijeron haber estado presentes cuando ocurrió el "suicidio" señaló la presencia de un operativo que indicara la inminente detención de Guadix. Sin embargo, dicen que se bajó del micro de la empresa "Expreso Americano" en el que viajaba y se puso "muy nervioso" por razones que nadie explica. Sin que mediara orden de detención, los declarantes -casi todos gendarmes o funcionarios de la Aduana- aseguraron que Guadix se llevó el frasco a la boca mientras decía una frase de película: "Soy del Ejército Montonero, me autoelimino, soy montonero". Es obvio decir que cualquier persona normal y Guadix lo era, hubiera dicho simplemente "me suicido". 

Todo hace pensar que Guadix habría pasado el puesto fronterizo sin dificultades con la documentación falsa que tenía, a nombre de Alberto Lucio Castillo. Tan esa así que las primeras informaciones oficiales sobre el caso habían sido difundidas identificando al muerto como Castillo y no como Guadix. ¿Si tardaron tanto en descubrir el verdadero nombre ¿cómo podrían haberlo identificado esa noche en el puente internacional, con un margen de tiempo mucho menor? Informaciones posteriores, conocidas en Buenos Aires a través de otro paramilitar "arrepentido", señalaron que la supuesta muerte de Guadix en Paso de los Libres fue apenas un simulacro a cargo de un militar con cierto parecido físico que se hizo pasar por la víctima, que había sido asesinada previamente. Todo habría sido una parodia, como el mentado "enfrentamiento" en el que murieron después los dirigentes montoneros Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, cerca de San Nicolás, o Raúl Yaguer en Córdoba. Todos habían sido secuestrados previamente, pero los simulacros sirvieron para mantener vivo el fantasma de la "subversión". Llama poderosamente la atención que el sumario de prevención del caso Guadix haya sido virtualmente cerrado, con la autopsia, extracción de muestras para pericias complementarias, decenas de declaraciones y trámites, entre las 7,20 y las 20,10 del citado 5 de diciembre. El veloz instructor, el primer alférez de Gendarmería Oscar Alberto Olari, ordenó esa misma noche la inhumación de los restos en el cementerio de la Santa Cruz, en Paso de los Libres. El cuerpo nunca fue entregado a la familia y estaría sepultado en el "extremo sur del predio del cementerio, a unos quince metros de la alambrada". La causa fue cerrada en 1981, con intervención tardía y postrera de la Justicia Federal. El caso Guadix está incluido en la investigación que lleva ahora Bonadio y la familia de la víctima pugna por echar luz sobre las irregularidades que se advierten en la causa y que podrían revelar los aspectos más siniestros de la represión en Corrientes.

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